Cuatro jóvenes universitarios, dos varones y dos mujeres, fueron sacados ayer de sus casas para ser llevados a la comisaría. La Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional (que suele investigar los delitos relacionados con el terrorismo) los detuvo acusados de un delito de profanación de un lugar destinado al culto. Dos denuncias, una presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y otra procedente de la Iglesia, sirvieron para que lo ideado el pasado jueves como una protesta estudiantil pacífica se convirtiera en un delito contra un derecho fundamental.

"Hicimos una procesión que pretendía ser simbólica. Éramos un grupo de mujeres con velo morado. El velo simulando a las vírgenes y el morado por las mujeres. Fuimos cantando salmos hasta la capilla. Cuando llegamos, no había ninguna misa. Tan sólo estaban rezando una joven sentada y otra de pie, el capellán y una señora en la entrada. En apenas siete minutos, leímos un manifiesto que enumeraba las últimas declaraciones homófobas y machistas de los obispos y el papa. Terminamos mostrando unos lemas pintados en nuestro cuerpo desnudo". Así describe una de las activistas el acto de protesta por el que cuatro jóvenes fueron detenidos.

Prefiere no decir su nombre. El miedo por las agresiones verbales y amenazas recibidas en los últimos días le obliga al anonimato. "No me arrepiento de lo que hicimos salvo de haberlo colgado en internet. Tendríamos que haber pensado en las consecuencias. Lo positivo ha sido que el debate sobre la existencia de capillas en las universidades públicas ha vuelto al primer plano", concluye la alumna. 

Abierto o no el debate, la condena a la protesta en la capilla ha sido prácticamente unánime. Incluido el rector, Carlos Berzosa, que no se ha librado de las feroces críticas por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre pese a haber abierto un expediente informativo para tratar de identificar a los autores de la iniciativa. "Afortunadamente, el rector no va a seguir", espetó ayer el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. "Es responsabilidad del rector garantizar que cada uno pueda ejercer sus derechos en el seno de la Universidad", insistió González.

La Comunidad de Madrid mantiene un litigio con la Universidad Complutense por una denuncia presentada por Berzosa que reclama 60 millones de euros al Gobierno autonómico. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció una deuda de 18 millones con la Universidad. Ese fallo está recurrido por las dos partes.

Las detenciones de los alumnos ponen de relieve la resistencia que la Iglesia y su entorno más conservador están dispuestos a ofrecer para mantener sus espacios de privilegio en los lugares públicos. El pasado nacionalcatólico todavía pesa en 11 universidades públicas que mantienen y costean capillas católicas. "Cuando yo era estudiante de la Complutense, cada centro tenía una capilla, y cuando se quitaron, por un rector de derechas, no pasó nada, no recuerdo ningún revuelo", recordó ayer Berzosa, según Europa Press.

Un manifiesto firmado por 150 profesores universitarios reclamó ayer la desaparición de estos lugares de culto. "Aunque no compartimos la forma en la que se llevó a cabo la performance del 10 de marzo en la Capilla del Campus de Somosaguas, en modo alguno las estudiantes pretendían poner en cuestión el ejercicio de ningún derecho individual o colectivo", dice el escrito encabezado por profesores y cargos universitarios como Ramón Cotarelo (UNED), Joaquín Aparicio (UCLM) o Josep Fontana (UPF).

Los jóvenes detenidos se pueden enfrentar a penas de seis meses a un año de prisión por un delito de profanación de lugar sagrado, según el artículo 524 del Código Penal. Organizaciones como Europa Laica defienden que alborotar en una iglesia debería suponer el mismo castigo que si se hace en una conferencia. Es decir, una falta.